El proceso revolucionario venezolano que se viene consolidando en Venezuela desde hace diez años tiene como característica primordial la participación de los ciudadanos y ciudadanas en diversos aspectos de la vida del país en vínculo con la gestión gubernamental en la garantía de los derechos sociales, políticos, económicos, culturales, educativo, étnica y ambiental. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en sus articulados referidos a la participación subraya la participación como valor, como derecho y deber, como forma de gobierno, desde los servicios, desde la economía, en los diversos poderes nacionales (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano) contando con diversos mecanismos y creándose espacios de participación; en la Ley de Participación y poder Popular (status: proyecto en 2da. Discusión) en la ley de los Consejos Comunales (2006), en la Ley de Contraloría Social (status: proyectos de ley), todos estos en el marco legislativo y jurídico, como también en los Planes de Desarrollo Económico Social 2001-2007 y 2007-2013. Lográndose así una coherencia en el discurso jurídica y normativo del Estado y gobierno venezolano en materia de Política de Participación ciudadana.
Ya desde 1998 cuando el Presidente Hugo Chávez Frías convoca a la Reforma de la Constitución, sustituyendo la de 1961, se inicia el proceso de participación al convocarse una asamblea constituyente, conformada por hombres y mujeres de diversas visiones y de intereses, quienes en debates permanentes y con la confluencia de todas las fuerzas sociales presionaban para incidir en los diversos contenidos de la nueva carta magna, lo que de algún modo respondiera a un interés colectivo. Esta experiencia colectiva significo un hito en la historia política social de nuestro país debido a la forma como fue realizada y al contenido mismo que resultó para ser aprobada por el pueblo en referéndum nacional.
Trascurridos dos años, en el 2001 el Gobierno venezolano elabora el Plan de Desarrollo Económico Social 2001 – 2007 basado en los derechos y deberes establecidos en la CRBV. En este primer plan señala cinco grandes líneas de acción que se asumen como equilibrios que construyen un camino, en transición a la revolución bolivariana: en lo Económico orientado a desarrollar la economía productiva y su estrategia la diversificación productiva, en lo Social alcanzar justicia social haciendo énfasis en la inclusión e Incorporación progresiva, en lo Político construir la democracia bolivariana desde la participación protagónica corresponsable, en lo Territorial ocupar y consolidar el territorio con la descentralización y desconcentración y por último en lo Internacional fortalecer la soberanía nacional y promover un mundo multipolar.
Para nuestro interés de estudio resaltaré lo Político, en especial a lo referido a Participación. Entre su propósito “estaba establecer una democracia social de derecho y de justicia, respetando los derechos humanos y logrando en la práctica una vida colectiva basada en la libertad, la igualdad, la solidaridad y la equidad” no sin antes estructurar un sistema político que abarcará la totalidad de la nación que permita las transformaciones institucionales y de relaciones ciudadanas. En tal sentido, todo su accionar estaba dado en consolidar la estabilidad política y social, desarrollar el nuevo marco jurídico-institucional y contribuir al establecimiento de la democracia participativa y protagónica a través de la responsabilidad pública para hacer efectiva la nueva constitución, la transformación estructural de Estado y el control de la gestión pública. Proponiéndose formar las leyes de la nueva institucionalidad, construir el nuevo esquema institucional del funcionamiento de la administración pública, propiciar la participación ciudadana, construir el Estado federal centralizado y establecer sistemas de rendición de cuentas.
Evaluando la acción gubernamental en esta direccionalidad podemos considerar altibajos y sobre todo énfasis en uno más que en otros y algunos totalmente ausentes. En el 2001 el profesor Jesús Rivero, hacia una importante crítica donde observaba que la construcción de una nueva institucionalidad no se había iniciado hasta entonces. Comprendemos por un lado que sucesos como los del 11, 12 y 13 de abril y diciembre 2002 como resultado de la oposición de las elites económicas ante las leyes habilitantes planteadas en el 2001, que no solo tuvo impacto en la economía también impidió avanzar en aspectos sustanciales en esta materia. Sin embargo, podemos afirmar que precisamente estos eventos se dieron ante el posicionamiento de grupos de intereses que conforme al marco legal vigente de participación promovieron la movilización a través de los grandes medios de comunicación privada para que grandes sectores de la población salieran a la calle a defender “la democracia” ocultando de fondo los intereses de una clase. Es innegable que como parte del proceso participativo el conflicto de intereses tarde o temprano iba a estallar. Como así lo fue. No contenta la oposición solicito ante el poder popular un referéndum para ser revocado. Esta acción política también impulso la participación no solo de la oposición en la búsqueda de las firmas sino en la movilización de comunidades para lograr los votos para que el presidente siguiera su mandato.
En el 2004, luego de su ratificación se inicia “la nueva etapa” como fue llamada donde el presidente, Chávez se reúne con sus ministros y elaboran el Nuevo Mapa Estratégico en la que establecen 10 grandes objetivos estratégicos: Avanzar en la conformación de la Nueva estructura social, articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional, avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular, acelerar la creación de la nueva institucionalidad del aparato del Estado, activar la nueva estrategia integral y eficaz contra la corrupción, desarrollar la nueva estrategia electoral, acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico, continuar instalando la nueva estructura territorial, profundizar y acelerar la conformación de la nueva estrategia militar nacional y seguir impulsando el nuevo sistema multipolar. Es importante señalar que aunque existe un objetivo en materia de participación política, las otras no están desvinculadas del hecho participativo, al contrario ratifican la participación desde otros espacios como el productivo, el electoral, el estadal, etc.
Como objetivo específicos para avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular se plantea la consolidación de una estructura social de base, facilitar los mecanismos para hacer efectiva la participación de los ciudadanos (diagnóstico, presupuestos participativos, contraloría social), creación del Ministerio de Participación Popular, introducción de una nueva ética de la participación en la ciudadanía, implicar y formar funcionarios de la administración pública en las nuevas formas de participación, mejorar el sistema de representación política, establecer mecanismos de rendición de cuentas de los responsables políticos, profundizar la democratización de los partidos políticos de la revolución, desarrollar experiencias piloto que sirvan de vitrina, desarrollar la Nueva estructura Bolivariana en los niveles estadal, municipal y parroquial, propiciar el acceso y disfrute de nuestra población a una verdadera justicia social con el desarrollo de la participación ciudadana asumiendo la corresponsabilidad en el ejercicio del gobierno, conformar el Consejo Federal de Gobierno sin demoras, transferir la administración de algunos bienes y servicios a las comunidades, crear los consejos de participación ciudadana, los cuales deben ser apoyados por los gobiernos a todos los niveles, transformar las Unidades de Batalla Electoral en Endógenas, evitar la transformación social de la organización de base en estructuras partidistas, desarrollar campañas de concientización acerca de la participación, establecer intercambio de experiencias exitosas, garantizar que los recursos FIDES y LAEE de las comunidades sean recibidos directamente por éstas.
Como herramientas para el logro de estos objetivos específicos tiene las actuaciones del Ministerio de Participación Popular, la Ley de participación ciudadana, la Reforma de la ley del sufragio y participación política, regulación del estudio de los nuevos valores de la democracia participativa en los planes de estudio de la educación básica, funcionamiento del consejo federal de gobierno y otras instancias de participación, realización e Institucionalización del Presupuesto Participativo a nivel local, programas de formación sociopolítica dirigida a facilitadores y participantes de todas las misiones, programas conjunto de formación sociopolítica a los funcionarios públicos y líderes comunitarios, Promoción de los Comités de seguimiento y evaluación de los programas y proyectos ejecutados por los entes públicos, reconocimiento de las estructuras sociales y de participación de los Pueblos Indígenas, Ley Orgánica de poder municipal, garantizando el poder para las comunidades, Publicación periódica de la ejecución presupuestaria de las alcaldías y gobernaciones y Escuela de alcaldes.
Revisando algunos objetivos y estrategias es importante reconocer que no se llevaron a cabo debidamente. De haberse puesto en marcha habría habido aportes significativos en materia de participación ciudadana, colectiva e institucional en el corto, mediano y largo plazo. Condiciones y factores pudieron impedir su realización pero se trata de un Plan estratégico que fue pensado para crear condiciones para los nuevos retos planteados del Gobierno bolivariano, que no era solo electoral sino de cambios ideológicos y políticos sustantivos como es la propuesta de un estado Socialista y de un nuevo poder: el poder comunal.
Cuando el presidente es nuevamente reelegido en diciembre del 2006 se inicia el septenio para 
el nuevo plan de la Nación, denominado Plan de Desarrollo Económico Social 2007-2013 “Simón Bolívar” y conocido como Primer Plan Socialista. Como líneas generales, encontramos la Nueva Ética Socialista, la Suprema Felicidad Social, la Democracia Protagónica Revolucionaria, el Modelo Productivo Socialista, la Nueva Geopolítica Nacional, Venezuela: Potencia Energética Nacional y Nueva Geopolítica Internacional.
Respecto a la Democracia Protagónica Revolucionaria subraya el documento que “es necesario que los individuos se organicen para lograr las ventajas que otorga la asociación cooperativa, es decir, transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, teniendo en cuenta que el establecimiento de la organización no implicará menoscabo de la independencia, autonomía, libertad y poder originario del individuo. Los ciudadanos personificaran y ejercerán siempre los mecanismos sustantivos del poder político, es decir, conservarán siempre su poder y su soberanía, la cual está siempre orientada el bienestar de todos, con los principios de igualdad y libertad. ”
Para caracterizar la democracia participativa, explica que es la soberanía popular la cual se hace tangible en el ejercicio de la voluntad general; y la revolucionaria se fundamenta en el republicanismo y el bolivarianismo; en la defensa, conservación y desarrollo de la vida humana y en la corresponsabilidad solidaria por la vida del otro en comunidad. En la democracia protagónica revolucionaria el Estado garantiza los contenidos materiales que exige la realización del bien común; por tanto el Estado es ético, de carácter solidario, preserva los derechos a la defensa de la vida y la solidaridad en comunidad como sentido de la cooperación social. El ejercicio de los derechos implica la corresponsabilidad social del ciudadano para garantizarlos conjuntamente con el Estado, el poder político. El funcionario público, cualquiera sea su nivel, es un simple delegatario de poder del ciudadano.
Como objetivos busca a alcanzar irrevocablemente la democracia protagónica revolucionaria, en la cual, la mayoría soberana personifique el proceso sustantivo de toma de decisiones, construir la base sociopolítica del socialismo del siglo XXI; formar una nueva cultura política basada en la conciencia solidaria del ciudadano, de sus derechos y responsabilidades; construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la transformación de la sociedad; ampliar los espacios de participación ciudadana en la gestión pública; fortalecer la práctica de la información veraz y oportuna por parte de los medios de comunicación masivos; fomentar que los medios de comunicación masivos formen parte de la promoción y defensa de la soberanía nacional; consolidar al sistema de comunicación nacional como instrumento para el fortalecimiento de la democracia protagónica revolucionaria y la formación.
Y como estrategia se propone fomentar la capacidad de toma de decisiones de la población, convertir los espacios escolares, en espacios para la enseñanza y la práctica democrática; desarrollar una red eficiente de vías de información y de educación no formal hacia el pueblo; construir la estructura institucional necesaria para el desarrollo del poder popular; garantizar la participación protagónica de la población en la administración pública nacional; elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la acción pública; construir una nueva ética del servidor público; combatir la corrupción de manera sistemática en todas sus manifestaciones; fomentar la utilización de los medios de comunicación como instrumento de formación; promover el equilibrio entre los deberes y derechos informativos y los comunicacionales de los ciudadanos y las ciudadanas; universalizar el acceso a los diferentes tipos de comunicación y promover la soberanía comunicacional.
Luego de revisar los objetivos, las estrategias planteadas en los diversos planes estudiados en materia de Participación podemos señalar lo siguientes:
Los conceptos de participación protagónica corresponsable, participación ciudadana, participación popular, participación política, democracia protagónica revolucionaria, así como los de poder, poderes nacionales, poder originario, poder popular, poder político, poder municipal, poder para las comunidades, que se expresan en estos documentos como se definen y construyen en la realidad y sobre que marcos filosóficos, ideológicos y teóricos se constituyen a partir de los actores (sujetos individuales, comunitarios, públicos y colectivos) que elaboraron el documento, quienes actúan en función de los objetivos, o simplemente cómo lo entiende la gente, las comunidades?
¿Qué aprendizajes significativos se ha tenido en la puesta en práctica de estos objetivos? ¿Cuál ha sido el salgo organizativo en materia de participación? ¿Cómo evalúa el Estado estas categorías de análisis? Se han preocupado las instituciones públicas nacionales, regionales, municipales de sistematizar la experiencia? De producir metodología a partir de las experiencias de participación? ¿Quién está evaluando la Política de Participación ciudadana? ¿Quién mide el grado de participación de los funcionarios públicos por Instituciones públicas?
El Estado conforme a la nueva Ley Orgánica de Administración Pública (2008) establece en su artículo 1 que las instituciones públicas deben crear mecanismos para promover la participación popular y el control, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y proyectos públicos; así como el artículo 138 que expresa la necesidad de que las personas o las comunidades organizadas presenten propuestas y formular opiniones sobre la gestión de los órganos y entes de la Administración Pública, y participen en la elaboración de los instrumentos de contenido normativo. Si trata ahora de que las instituciones estadales cumplan este mandato, ¿quienes los responsables para que esto se lleve a cabo con eficacia y eficiencia?
Muchas interrogantes surgen en este papel de trabajo (en función de la tesis doctoral) que invitan a profundizar la realidad en cuanto los logros alcanzados por la Política de Participación del estado venezolano y el gobierno revolucionario de Hugo Chávez Frías. Y sobre todo los aprendizajes significativos de hombres y mujeres, que como ciudadanos y ciudadanas se han sentido retados y desafiados en participar para construir proyecto de País.
